La Corte Suprema de Justicia de China fue terminante al respecto y anunció
una serie de castigos basados en leyes existentes para el control de epidemias.
Según esta interpretación, quienes propaguen una enfermedad de manera
intencional, poniendo en peligro la seguridad pública, podrían ser sentenciados a
10 años de cárcel o a la pena capital.
La ley también castigará con 3 años de prisión a los funcionarios que por
negligencia permitan que la enfermedad se propague, y con 15 años de cárcel o
la pena de muerte a los que produzcan o vendan medicinas falsas.
Otros crímenes que podrían llevar a sentencias severas incluyen aprovecharse de
la epidemia para aumentar los precios de los productos, usar de manera
inapropiada los fondos de ayuda o proveer asistencia médica ilegal.
También las publicidades falsas, la fabricación de noticias y las falsas alarmas
serán castigadas.
El anuncio se produjo al tiempo que China informó de 4 nuevas muertes y 52
nuevos casos de SRAS, lo que llevó al total de víctimas a 5.163 y de víctimas
fatales a 271, siempre en territorio chino.
En tanto, estas duras medidas anunciadas por China provocaron un fuerte
rechazo por parte de organismos de derechos humanos.
También la Organización Mundial de la Salud (OMS) criticó la ley, a la que
consideró contraproducente, ya que desalentaría a posibles víctimas de SRAS de
ir al hospital.
«Existe un delicado balance con este tipo de enfermedad, en donde por un lado
hay que aislar y poner en cuarentena a los pacientes, pero al mismo tiempo si se
toman medidas demasiado fuertes puede terminar sólo estigmatizando a la
gente», afirmó un vocero de la OMS.
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